En el año de 1991, Colombia a través de una asamblea nacional constituyente decidió promulgar una nueva constitución que supliría a la centenaria constitución del 86. En esta carta normativa se implementó la formula constitucional contemporánea “el estado social y democrático de derecho” (ESD). Esta obra de la ingeniera constitucional es una conquista positiva que ha tenido la ciudadanía colombiana que ha traído transformaciones sociales favorables. Sin embargo hay muchas esperanzas puestas en la constitución que no han sido logradas y que necesitan de algunos cambios para que no queden en simples “promesas incumplidas”.
El punto más representativo de esta fórmula
constitucional está en el reconocimiento y los mecanismos de protección a los
derechos humanos, evidenciado en el amplio catálogo de derechos humanos que
reconoce, que anteriormente en la constitución del 86 simplemente se habían
limitado a ser guías o propósitos, que funcionaban como fines judiciales; para
ahora ser reconocidas como normas de uso obligatorio. Además, del adelanto
positivo en materia de protección a
estos derechos como la acción de tutela que fue considerada como “la acción de
protección reina”[1]
de la constitución del 91, por la confianza y seguridad que le representaba a
los colombianos para la defensa de sus derechos[2].
También la CP del 91 represento una innovación positiva en el propósito de buscar la paz y seguridad, por el hecho de que reconoce y se acoge a los
tratados internacionales del DIH y DD.HH[3],
creando el bloque de constitucionalidad. Además, para controlar arbitrariedades
del estado, pone estrictos límites al uso del estado de excepción especificando
las circunstancias en las que este podía ser utilizado.
Sim embargo, hay problemas vigentes que prometió
resolver esta nueva carta y no se han cumplido, y que necesitan de algunas
reestructuraciones para que no queden en simples “promesas incumplidas”. El
primer problema es que la constitución es realizada con el fin de crear las
condiciones básicas para asegurar la paz necesaria[4],
no obstante el conflicto armado en Colombia se intensifico causando varios y
peores ataques a los derechos humanos. De
la misma forma, no se cumplió con una condición necesaria del ESD como es
asegurar condiciones materiales mínimas, problemas reflejado en el hecho que
Colombia es el tercer país con mayor desigualdad en Latinoamérica y con un
estatuto tributario ineficaz para fines redistributivos: factores que hacen que
la constitución del 91 sigan siendo un paraíso prometido.
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